Por Carmen R. Ponce Meléndez
México, 20 oct 09 (CIMAC).- El objetivo principal del derecho laboral y su origen es para que las y los trabajadores tengan una vida con calidad y trabajen mejor. Traer esto a colación en las actuales circunstancias del país no es de ninguna manera ocioso porque ya se han dado los primeros pasos para la reforma laboral anunciada por el Presidente Felipe Calderón e incluida en el paquete económico del 2010.
El Secretario del Trabajo Javier Lozano en días pasados entregó este proyecto a la iniciativa privada (IP). El proyecto se llama: Hacia una reforma laboral para la productividad y la previsión social.
¿Cuáles son estos primeros pasos? Bueno, pues en primer término la pretensión de extinción del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con la desaparición del Organismo paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que abastecía de energía eléctrica a la zona Centro del país.
En segundo término, que no en grado de importancia, la decisión de utilizar los recursos para el retiro de las y los trabajadores, es decir su ahorro, en proyectos de obras de infraestructura, éstos ascienden a 1billón 82mil 846millones de pesos, lo que representa, aproximadamente, 39 millones de cuentas.
Las Afores se invierten o invertían en CETES (valores gubernamentales), que tienen un rendimiento relativamente bajo en comparación con el que generan otros valores en la Bolsa Mexicana de Valores, que hasta ahora contribuían a financiar la deuda interna del Gobierno Federal.
Invertirlos en infraestructura no es cosa menor, solamente la reactivación de la industria de la construcción implica una derrama en 70 ramas productivas.
¿Cuánto de estos rendimientos o beneficios van a llegar efectivamente al bolsillo de las y los trabajadores? ¿Cómo se va a garantizar que así sea y cuáles son las garantías de capital o de riesgo que implica esta decisión para el ahorro de estos?
Por lo pronto no ha habido una consulta formal a las y los dueños de este dinero, ni a sus organizaciones sindicales, así es que está en veremos el futuro de esta determinación. Si no existiera el “privilegio” de la jubilación, no se contaría con este dinero.
Regresando a lo de la reforma laboral, cabe aclarar que este proyecto ya circulaba informalmente en el Congreso de la Unión y su entrega a la IP fue posterior a estas decisiones. Se pretende que la entrega oficial para su discusión y aprobación sea en diciembre de este año.
Los interlocutores naturales de esta propuesta necesariamente son las organizaciones de las y los trabajadoras; es decir, los sindicatos, que para estos efectos han sido introducidos a la arena política del país de una manera bastante ríspida, por decir lo menos.
No solo por la forma en que se actuó al cerrar LyFC, con una ocupación de sus instalaciones por la fuerza pública, sino que además esta acción se complementó con una campaña mediática muy agresiva que denostaba y humillaba a los sindicatos, descalificándolos.
Previo a estos acontecimientos las organizaciones empresariales habían presentado documentos sobre la propuesta del paquete económico para 2010 y muy en particular sobre la política fiscal, donde además se identificaba a los sindicatos como algo oneroso, como una fórmula más para recortar gasto. No se aclaraba si se referirían a los costos laborales o al gasto público, bajo el supuesto de que los sindicatos recibían subsidios; pero eso sí, se hablaba en plural: SINDICATOS.
Una cosa es que estas propuestas devengan de la línea patronal y otra muy distinta es que el responsable de la política laboral en el país, sea quien encabece esta denigración de los sindicatos y de las trabajadoras y trabajadores.
Las aclaraciones posteriores que se han hecho al respecto en nada mejoran la polarización del escenario político; por el contrario, se ha especificado que no es contra los sindicatos en plural, lo que significa que es muy en particular con el SME, al grado de responsabilizarlo de la quiebra de su fuente de trabajo.
Otra aclaración importante que se hizo fue que una cosa era el personal que ahí laboraba y otra los sindicatos. Es decir, se les prefiere en lo individual, solos, independientes de cualquier organización política o gremial, y de preferencia, desorganizados. ¿Todos los empresarios comparten esta visión del gobierno?.
Se les olvida que estos trabajadores son ciudadanos del mundo, porque la globalización no solamente ha sido económica, sino también política, social y cultural. La foto de una trabajadora electricista con el puño levantado, portando orgullosamente sus aretes y su casco de Luz y Fuerza ya recorre el mundo.
A las prestaciones contractuales de los electricistas del SME, ganadas con largos años de trabajo sindical, político y productivo se les llamó “prebendas y privilegios”.
Si las prestaciones contractuales de las y los trabajadores son privilegios, ¿cómo llamarle al regalo que por décadas ha recibido la industria privada que acapara más de la mitad (58.9 por ciento), del subsidio de la energía eléctrica que produce el Estado?, y que además, el pago de este insumo sea deducible de impuestos, sin que a cambio sean capaces de generar empleos o de ser competitivos por la baja calidad de sus productos.
Ese subsidio también asciende a varios miles de millones de pesos, susceptibles de ser utilizados con mejores fines, en inversiones que sí generen productividad o destinarlos al gasto social. No que había que acabar con la economía ficción.
El propio Secretario del Trabajo les hizo a las y los electricistas del SME el generoso ofrecimiento de capacitarlos para incorporarlos al sector informal, mediante el autoempleo, formando sus propias empresas, con los recursos de su liquidación.
Lo que implica un reconocimiento tácito y sincero de que no hay oportunidades reales para que se reinserten nuevamente al mercado laboral, ni ellos ni el ejército de personas desempleadas que tiene el país. Una declaración de derrota frente a la problemática de generar empleos.
En realidad esta política de denigración y desprecio es incluyente de varias formas y ya tocó al mismo Congreso de la Unión.
El mensaje para la sociedad fue “flojitos y cooperando”, para estar a tono con expresiones como: “mostró músculo, valentía, se fajó los pantalones”, lenguaje que empobrece notablemente el diálogo político. El que golpea primero no golpea dos veces, es un pobre golpeador, con un método históricamente derrotado.
Actualmente los encargados de prestar el servicio de energía eléctrica en la zona Centro son los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que forman parte del SUTERM y que están sometidos a una gran presión.
Trabajan bajo la vigilancia de militares y de Policía Federal y enfrentan el reto de una zona de trabajo desconocida en lo técnico, en lo geográfico, y en lo administrativo. Con la premisa de que van a proporcionar un servicio muy superior al que existía, lo que será pausible en el mediano o…. a largo plazo.
Como si todo esto fuera poco se intenta enfrentarlos con sus compañeros electricistas del SME por aquello de que divide y vencerás.
Estos trabajadores de la CFE han sido testigos mudos de la violencia social y económica con que se vive cotidianamente en las ciudades del interior del país y han actuado con una responsabilidad social que está fuera de todo cuestionamiento.
El SUTERM forma parte del Congreso del Trabajo, al igual que el sindicato de petroleros que siempre estará en la mira, por ser del sector energético. Y recuerdan perfectamente el movimiento democratizador de Rafael Galván en los 70 y la desaparición del SUTIN.
Pareciera que no hay grandes sorpresas. La reciente experiencia que tuvieron los sindicatos que participaron en las negociaciones del programa contracíclico (prácticamente el único), de protección del empleo de la Secretaría de Economía -mismo que también fue clausurado por decreto en septiembre-, fue muy aleccionadora y estos acontecimientos no les reportan mayores sorpresas.
Tampoco sorprenden al Congreso del Trabajo, que con una claridad meridiana puede codificar estos mensajes y formular su propia “toma de nota”, término que ahora es de uso coloquial, gracias al proceso que están viviendo las y los trabajadores al servicio del Estado del SME.
En cuanto a las organizaciones sindicales independientes como la UNT, están en alerta roja, como era de esperarse.
Los sindicatos como toda organización política y social son perfectibles y no están exentos de vicios y errores, pero no son ni ángeles ni demonios. Estos actores sociales han sido un factor fundamental para el tránsito pacífico de México durante treinta largos años de crisis económicas recurrentes, con severos programas de ajuste económico, donde la constante ha sido el sacrificio de los salarios y de las prestaciones laborales.
Por eso no llama la atención que en este proyecto de reforma laboral a los sindicatos se les defina como “de interés público”; en momentos donde supuestamente el interés público son: análisis costo-beneficio, costo de oportunidad y hasta precios sombra. Así que sería mejor olvidarse de la racionalidad económica que se invocó en todo este proceso de liquidación de LyFC.
Racionalidad que no se ha ajustado a las necesidades más elementales de las y los trabajadores como es la de contar con una empleo y salarios dignos; con la libre opción de organizarse en sindicatos democráticos, autónomos de la autoridad y sujetos al estado de derecho.
De ahí que es deseable que no se continúe con esas amenazas veladas de equipar el presupuesto de la UNAM con el gasto que implicaba continuar con la operación de LyFC o bien hacer una equivalencia de los recursos destinados a la compra de la vacunas contra la influenza AH1N1 y los que se destinan a los partidos políticos.
En esta antesala llena de confrontaciones el gobierno presentará en diciembre su propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo; ya que no toca el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, basta una mayoría simple para aprobarla.
Para entonces ya se tendrá aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, seguramente incluirá modificaciones al minúsculo presupuesto de la extinta LyFC y el Congreso de la Unión habrá sobrevivido a esta andanada de vituperios, que por supuesto incluye a los partidos políticos.
Como quien dice ya se pintaron las líneas de la cancha y que nadie se llame engañado. El terreno se ha abonado con una semilla podrida y no habrá cosecha.
Desandar este camino va a ser difícil y es urgente, el tiempo económico- político apremia y se llama 2012.
ramona_melendez@yahoo.com.mx
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